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NUEVA YORK.- El presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (Codex) abogó por la aprobación del anteproyecto de ley que crea el Instituto de Protección al Inmigrante Dominicano, presentado por varios diputados.
Máximo Padilla, presidente del Codex, pidió el apoyo de distintos sectores de la sociedad dominicana a la pieza legislativa, a través de una comunicación enviada a los diputados promotores de la misma.
Sin embargo, sugiere que el organismo a crearse sea denominado Dirección General de los Dominicanos en el Extranjero, debido a que estaría facultado institucional y legalmente a poner en práctica proyectos que incidirían en beneficio de la comunidad radicada en el extranjero en diferentes campos.
El anteproyecto fue presentado por los diputados Sergio Vargas y Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana; Dígna Pacheco y Rafael Vasquez (Fiquito), del Partido Revolucionario Dominicano; y Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista.
“Debemos consignar la integración de los dominicanos en el exterior al desarrollo del país, que se les respeten sus inversiones en empresas, en la producción agrícola, crianza de aves y ganado, terrenos, viviendas y en otras áreas, debido a que muchos han sido estafados por profesionales del delito, que en muchos casos han contado con la protección de los tribunales de justicia”, explicó Padilla.
Además, sugirió el establecimiento de penalidades en el país a las empresas dedicadas a la construcción y ventas de viviendas que promueven sus operaciones en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y otros estados, las cuales, después de establecidos y materializados los convenios, resulta afectado el comprador, por los vicios de construcción, “por lo que se convierte en víctima en el país y a la vez huérfano de protección de las leyes”.
Padilla explicó que muchas familias dominicanas interesadas en tener un hogar definitivo donde permanecer al retornar a la a su país, han adquirido viviendas, que luego por una razón u otra, la han rentado para que el inquilino la entregue en el momento en que realmente estén preparados para venir.
“Pero resulta, que el inquilino se apodera del inmueble falsificando documentos y poniendo en práctica presiones a través de abogados expertos en legalizar estafas, acción, que en la mayoría de los casos ha encontrado la bendición de los jueces que han dictado sentencias a favor del delincuente”, agregó.
Dijo que aplauden la iniciativa de los diputados que han asumido el rol de que se reconozcan los derechos y protección de los que hemos emigrado de la patria.
Reiteró que “estamos propugnando por la protección legal de los dominicanos residentes en el exterior, a través de la Dirección General de los Dominicanos en el extranjero, conquista que es parte de la lucha que se inició con la conversión en ley del ejercicio del derecho cívico del voto, puesto en vigencia en las elecciones de 2004”.
Máximo Padilla, presidente del Codex, pidió el apoyo de distintos sectores de la sociedad dominicana a la pieza legislativa, a través de una comunicación enviada a los diputados promotores de la misma.
Sin embargo, sugiere que el organismo a crearse sea denominado Dirección General de los Dominicanos en el Extranjero, debido a que estaría facultado institucional y legalmente a poner en práctica proyectos que incidirían en beneficio de la comunidad radicada en el extranjero en diferentes campos.
El anteproyecto fue presentado por los diputados Sergio Vargas y Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana; Dígna Pacheco y Rafael Vasquez (Fiquito), del Partido Revolucionario Dominicano; y Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista.
“Debemos consignar la integración de los dominicanos en el exterior al desarrollo del país, que se les respeten sus inversiones en empresas, en la producción agrícola, crianza de aves y ganado, terrenos, viviendas y en otras áreas, debido a que muchos han sido estafados por profesionales del delito, que en muchos casos han contado con la protección de los tribunales de justicia”, explicó Padilla.
Además, sugirió el establecimiento de penalidades en el país a las empresas dedicadas a la construcción y ventas de viviendas que promueven sus operaciones en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y otros estados, las cuales, después de establecidos y materializados los convenios, resulta afectado el comprador, por los vicios de construcción, “por lo que se convierte en víctima en el país y a la vez huérfano de protección de las leyes”.
Padilla explicó que muchas familias dominicanas interesadas en tener un hogar definitivo donde permanecer al retornar a la a su país, han adquirido viviendas, que luego por una razón u otra, la han rentado para que el inquilino la entregue en el momento en que realmente estén preparados para venir.
“Pero resulta, que el inquilino se apodera del inmueble falsificando documentos y poniendo en práctica presiones a través de abogados expertos en legalizar estafas, acción, que en la mayoría de los casos ha encontrado la bendición de los jueces que han dictado sentencias a favor del delincuente”, agregó.
Dijo que aplauden la iniciativa de los diputados que han asumido el rol de que se reconozcan los derechos y protección de los que hemos emigrado de la patria.
Reiteró que “estamos propugnando por la protección legal de los dominicanos residentes en el exterior, a través de la Dirección General de los Dominicanos en el extranjero, conquista que es parte de la lucha que se inició con la conversión en ley del ejercicio del derecho cívico del voto, puesto en vigencia en las elecciones de 2004”.
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