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La violencia podría resurgir en el ensanche Capotillo si se materializa hoy una orden de desalojo, con la fuerza pública, al Consejo para el Desarrollo de Capotillo del local que ocupa en la Respaldo José Martí número 116, donde se reúnen todas las entidades de ese sector.
En caso de materializarse el desalojo será afectado el programa Barrio Seguro, que instaló en el local un centro de capacitación en informática, con diez computadoras, dos impresoras, escáner, inversor con ocho batería. Además un taller de corte y confección con 20 máquinas industriales, una planta eléctrica y otros objetos.
El local es usado además como funeraria, salón de reuniones, para votación de las elecciones y centro comunitario donde distintas entidades barriales realizan sus reuniones.
De unos 462 metros de construcción es el único espacio disponible en Capotillo, demarcación que tiene menos de un kilómetro cuadrado.
Desde las primeras horas de la mañana de hoy, decenas de dirigentes se congregaron en el local en el que además funcionan un taller de manualidades, el comité de mitigación de desastres y una escuela de música.
El desalojo de las entidades educativas, comunitarias, clubísticas y culturales será realizado por la señora María Altagracia Polanco, viuda de Rafael Lorenzo Estévez, el propietario del local.
El licenciado Arístides Arroyo, dirigente comunitario de Capotillo, dijo que en 2001 firmó con Estévez un contrato de arrendamiento del local con opción a compra de la mejora por 400 mil pesos.
Informó que luego del arrendamiento fue construido el local con aportes de la comunidad, del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), y de distintas personas e instituciones.
Arroyo explicó que ahora la viuda de Estévez exige el pago de un millón y medio de pesos y rechaza 700 mil como ofrece el Consejo para el Desarrollo de Capotillo.
El secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier, ha tratado de solucionar el problema de la mejor manera, dijo Arroyo.
Además del Consejo para el Desarrollo de Capotillo se oponen al desalojo el Instituto para el Desarrollo Integral (IDI), El Instituto de Desarrollo de la Comunidad, las juntas de vecinos Grito de Capotillo, Los Vecinos de El Caliche, La Nueva Esperanza, San Antonio, Estrella Ureña, Capotillo Oeste, y La Unión de Juntas de Vecinos.
También el Club de Dominó Los Vecinos, el comité Gregorio Castillo del Partido de la Liberación Dominicana y varios dirigentes reformistas de ese barrio.
El desalojo es rechazado además por El Nuevo Colegio, Centro Educativo Mi Futuro, Escuela Integral San Juan Bautista, el Club Samuel Santana y Club Cultural Gregorio Castillo.
Residentes en Capotillo también advirtieron que no permitirán el desalojo del único espacio existente en el barrio para reuniones de carácter comunitario.
En caso de materializarse el desalojo será afectado el programa Barrio Seguro, que instaló en el local un centro de capacitación en informática, con diez computadoras, dos impresoras, escáner, inversor con ocho batería. Además un taller de corte y confección con 20 máquinas industriales, una planta eléctrica y otros objetos.
El local es usado además como funeraria, salón de reuniones, para votación de las elecciones y centro comunitario donde distintas entidades barriales realizan sus reuniones.
De unos 462 metros de construcción es el único espacio disponible en Capotillo, demarcación que tiene menos de un kilómetro cuadrado.
Desde las primeras horas de la mañana de hoy, decenas de dirigentes se congregaron en el local en el que además funcionan un taller de manualidades, el comité de mitigación de desastres y una escuela de música.
El desalojo de las entidades educativas, comunitarias, clubísticas y culturales será realizado por la señora María Altagracia Polanco, viuda de Rafael Lorenzo Estévez, el propietario del local.
El licenciado Arístides Arroyo, dirigente comunitario de Capotillo, dijo que en 2001 firmó con Estévez un contrato de arrendamiento del local con opción a compra de la mejora por 400 mil pesos.
Informó que luego del arrendamiento fue construido el local con aportes de la comunidad, del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), y de distintas personas e instituciones.
Arroyo explicó que ahora la viuda de Estévez exige el pago de un millón y medio de pesos y rechaza 700 mil como ofrece el Consejo para el Desarrollo de Capotillo.
El secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier, ha tratado de solucionar el problema de la mejor manera, dijo Arroyo.
Además del Consejo para el Desarrollo de Capotillo se oponen al desalojo el Instituto para el Desarrollo Integral (IDI), El Instituto de Desarrollo de la Comunidad, las juntas de vecinos Grito de Capotillo, Los Vecinos de El Caliche, La Nueva Esperanza, San Antonio, Estrella Ureña, Capotillo Oeste, y La Unión de Juntas de Vecinos.
También el Club de Dominó Los Vecinos, el comité Gregorio Castillo del Partido de la Liberación Dominicana y varios dirigentes reformistas de ese barrio.
El desalojo es rechazado además por El Nuevo Colegio, Centro Educativo Mi Futuro, Escuela Integral San Juan Bautista, el Club Samuel Santana y Club Cultural Gregorio Castillo.
Residentes en Capotillo también advirtieron que no permitirán el desalojo del único espacio existente en el barrio para reuniones de carácter comunitario.
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