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Con la solicitud de que Ramón Baéz Figueroa sea declarado no culpable de lavado de activos y abuso de confianza en el juicio seguido en su contra en el Primer Tribunal Colegiado el consejo de defensa busca que sea procesado por violación a la Ley de Bancos, vigente en ese momento.
El doctor Marino Vinicio Castillo, Juárez Castillo y José Columna pidieron ayer que sea declarado no culpable "por no haber cometido los hechos y no constituir los elementos del crimen con las actuaciones materiales que le han sido imputadas".
La Ley General de Bancos, número 708, porque la Ley Monetaria y Financiera 183-02 fue promulgada en diciembre del 2002, setenta días antes de que Báez Figueroa abandonara el Baninter.
Además piden que del artículo 340 del Código Procesal Penal que se aplique una atenuación de la pena, porque las infracciones cometidas eran de carácter sistémico.
Los abogados buscan que Baninter sea liquidado de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Monetaria y Financiera antes de que las autoridades procedieran en los tribunales penales.
Para sustentar su solicitud plantearon la exclusión de las pruebas que aportaron el Ministerio Público y los Actores Civiles porque se violaron disposiciones de varios artículos de la Constitución de la República.
Ese planteamiento fue hecho a pesar de que la mayoría de los activos del Baninter han sido liquidados, aunque esa ha sido la tesis que enarboló desde el principio la defensa encabeza por el doctor Castillo que su defendio fuera procesado como dispone la ley 183-05.
"Pedimos que declaréis excluido como prueba del presente proceso el informe denominado Aurich, preparado por Luis Emilio Aurich".
De acuerdo a las conclusiones presentadas por Juárez Castillo ese informe se circunscribe a evidencias presentadas por la Comisión de Administración que abusivamente controlaba y manejaba el Banco Intercontinental".
La defensa de Báez Figueroa pidió a los jueces Antonio Sánchez Mejía, Yisell Méndez y Pilar Rufino, que tomen en cuenta que los móviles que impulsaron a Báez Figueroa a infringir las normas fueron la expansión del Baninter y no el perjuicio económico del país.
Dijeron que las infracciones cometidas por Báez Figueroa no fueron las que produjeron el colapso del Baninter y la secuela de enormes perjuicios económicos para el país, sino que ocurrieron por el cúmulo de violaciones constitucionales y legales de la autoridad para perjudicar al banco y a sus principales ejecutivos de la institución financiera.
El doctor Marino Vinicio Castillo, Juárez Castillo y José Columna pidieron ayer que sea declarado no culpable "por no haber cometido los hechos y no constituir los elementos del crimen con las actuaciones materiales que le han sido imputadas".
La Ley General de Bancos, número 708, porque la Ley Monetaria y Financiera 183-02 fue promulgada en diciembre del 2002, setenta días antes de que Báez Figueroa abandonara el Baninter.
Además piden que del artículo 340 del Código Procesal Penal que se aplique una atenuación de la pena, porque las infracciones cometidas eran de carácter sistémico.
Los abogados buscan que Baninter sea liquidado de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Monetaria y Financiera antes de que las autoridades procedieran en los tribunales penales.
Para sustentar su solicitud plantearon la exclusión de las pruebas que aportaron el Ministerio Público y los Actores Civiles porque se violaron disposiciones de varios artículos de la Constitución de la República.
Ese planteamiento fue hecho a pesar de que la mayoría de los activos del Baninter han sido liquidados, aunque esa ha sido la tesis que enarboló desde el principio la defensa encabeza por el doctor Castillo que su defendio fuera procesado como dispone la ley 183-05.
"Pedimos que declaréis excluido como prueba del presente proceso el informe denominado Aurich, preparado por Luis Emilio Aurich".
De acuerdo a las conclusiones presentadas por Juárez Castillo ese informe se circunscribe a evidencias presentadas por la Comisión de Administración que abusivamente controlaba y manejaba el Banco Intercontinental".
La defensa de Báez Figueroa pidió a los jueces Antonio Sánchez Mejía, Yisell Méndez y Pilar Rufino, que tomen en cuenta que los móviles que impulsaron a Báez Figueroa a infringir las normas fueron la expansión del Baninter y no el perjuicio económico del país.
Dijeron que las infracciones cometidas por Báez Figueroa no fueron las que produjeron el colapso del Baninter y la secuela de enormes perjuicios económicos para el país, sino que ocurrieron por el cúmulo de violaciones constitucionales y legales de la autoridad para perjudicar al banco y a sus principales ejecutivos de la institución financiera.
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