SAN PEDRO DE MACORÍS.- La jueza del Juzgado de Atención Permanente de aquí, Miguelina Mendoza, dictó ayer tres meses de prisión como medida de coerción contra el suspendido alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames Bautista, y otros tres funcionarios de su gestión, acusados de un desfalco millonario.
El Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva contra Adames, los ex tesoreros Remigio Pilier y Rafael Rocha, y Francisco Severino, ex encargado de Compras, quienes fueron interrogados en el tribunal antes de conocerse el fallo.
El ministerio público fue representado por Isidro Fabián, Joel López Gómez y Benito Ángel Nieves.
La magistrada Mendoza insistió en llamar a los abogados defensores a que se limitaran al derecho y las leyes.
El suspendido alcalde y los otros tres ex funcionarios del cabildo son acusados por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), de falsedad de firmas, asociación de malhechores, prevaricación y corrupción entre funcionarios públicos.
La audiencia se realizó a puertas cerradas durante alrededor de nueve horas, por tratarse una medida de acción privada.
A los medios de comunicación se les permitió al inicio de la audiencia tomar fotografías y fílmicas, pero luego se les ordenó retirarse de la sala de debates.
El ex diputado Frank Martínez, el diputado Pedro Botello y Soraya Bautista están al frente de la defensa de Adames y los demás ex funcionarios municipales.
El fiscal Nieves dijo que el desfalco asciende a RD$40 millones, y que en los próximos tres meses serán presentadas las pruebas que comprometen a los acusados. Dijo que sólo el encargado de Compras habría hecho adquisiciones personales por hasta RD$200 mil.
El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, permaneció durante toda la audiencia y manifestó que se podría tratar de una persecución política.
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