El tema de hoy. Si en ocho días se podía determinar la cantidad de extranjeros en el registro civil dominicano, no se explica por qué la Junta Central Electoral (JCE) dejó que pasaran años de especulaciones al respecto, pudiendo haber evitado o reducido el escándalo generado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
El descubrimiento de que sólo hay 36 mil personas de origen haitiano en el registro civil, y apenas 13 mil 672 irregularmente inscritos, también destroza dos décadas de alarmas que llegaron a estimar hasta en 700 mil los cedulados y habilitados para votar, lo que incentivó el ultranacionalismo y antihaitianismo.
Impresionante velocidad. En su quinta decisión, la sentencia 168-13 del TC otorgó un plazo de un año y prorrogable a dos, para que la JCE realizara “una auditoría minuciosa de los libros registros de nacimiento” del 21 de junio de 1929 a la fecha “para identificar e integrar en una lista a todos los extranjeros inscritos. Luego de consignar en una segunda lista los inscritos sin haber llenado los requisitos constitucionales, para finalmente transferirlos a nuevos libros y que se regularicen como extranjeros.
Luego el Consejo Nacional de Migración dio otro plazo, esta vez de 30 días, para que la JCE evaluara “el impacto de la sentencia”. Pero no contaron con la astucia y la velocidad de las tropas de Roberto Rosario, las que en 8 días de intensa labor revisaron 55 mil 542 de los 56 mil 564 libros de registros de nacimiento de todo el país. Quedó apenas el 2 por ciento que por su nivel de deterioro, o porque desaparecieron, no han podido ser inventariados.
Esa labor la realizaron 250 técnicos a razón de 30 libros por día cada uno en jornadas de 8 horas, según el informe emitido el jueves, el cual no precisa el promedio de folios o actas por libro. Cuando se contrató la tecnología para digitar todo el registro, se dijo que una quinta parte de los libros estaban desaparecidos o dañados, y que hasta 1970 los libros contenían entre 400 y 500 folios, y desde entonces entre 100 y 200.
Si sólo verificaron los correspondientes a las personas vivas, y se olvidaron de los nacidos desde 1929 que han muerto, según el censo del 2010, serían 9 millones 445 mil 285, que divididos entre los 55 mil 542 libros de registros inventariados, da un promedio de 170 por libro. Multiplicados por 30, quiere decir que cada técnico revisó, “minuciosamente” como le ordenaron, 5 mil 100 actas por día, 637 por hora y 10.6 por minuto. Una verdadera proeza si las actas son manuscritas, y hay que verificar el declarante, si era nacional o extranjero y consignar con qué documento hizo la declaración.
Sólo 36 mil haitianos. De acuerdo al inventario de la JCE, en el registro nacional entre 1929 y 2013 sólo hay 53 mil 847 extranjeros, de los cuales apenas 36 mil 326 son de origen haitiano, el 67 por ciento. Los restantes 17 mil 521 son de otras 116 nacionalidades, 2,508 norteamericanos, 2,002 espanoles y 1,311 ingleses, que serían los cocolos.
Como 22 mil 689, el 63 por ciento de los de origen haitiano, fueron declarados con cédulas de por lo menos uno de los padres, viene a resultar que los candidatos a ser desnacionalizados serían los 13 mil 672 restantes, cifra muy inferior a todos los estimados que se habían hecho. Se queda por debajo hasta de los 19 mil 15 de origen haitiano que arrojó el inventario que realizó la dirección de oficialías de la propia JCE bajo la coordinación de su entonces titular José Angel Aquino, presentado al pleno en febrero pasado, la que totalizaba 22 mil 678 extranjeros. Pero esta evaluación sólo abarcaba hasta 1982.
Hasta la sentencia del TC, los afectados por el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007 eran estimados en miles o cuando mucho decenas de miles. Pero ese tribunal fundado en los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada durante el 2012 por la Oficina Nacional de Estadísticas, con auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Europea, los elevó a más de 668 mil, al sumar sin mayor ponderación los inmigrantes haitianos, estimados en 458 mil 233 a los descendientes de haitianos nacidos en el país que fueron estimados en 209 mil 912.
En su párrafo 1.1.3, refiriéndose a la recurrente en amparo Juliana Deguis, el TC sostuvo que ella es sólo una de ese total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no sólo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”. Según el inventario de la JCE presentado el jueves todos los de origen extranjeros en el registro civil sólo alcanzan al 0.57 por ciento de la población, los de origen haitiano al 0.38 por ciento y de estos los inscritos irregularmente son el 0.14 por ciento de la población nacional.
13 mil es genocidio civil. La cifra de 13 mil 672 posibles afectados por la sentencia del TC reduce la magnitud del escándalo, pero sigue constituyendo un genocidio civil al despojársele de la nacionalidad que se les había otorgado. La condena del 2005 al Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por haberse negado a inscribir como ciudadanas a sólo dos descendientes de haitianos. Y 48 afectados por la decisión de la JCE han buscado amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha celebrado al menos dos audiencias en relación a estos, la última el 12 de mayo pasado.
Obviando las interrogantes que deja la velocidad con que la JCE ha hecho el “inventario minucioso” que le encomendó el TC, y su posible subestimación buscando contener el escándalo internacional, si se acepta que los afectados son sólo 13 mil y pico, es menos comprensible que se hayan agotado años persiguiendo a estos, en vez de haber concentrado la atención en reducir y regular los 458 mil inmigrantes que estimó la encuesta de la ONE.
Visto en otra perspectiva, al ser mucho menos de lo que se creía la proporción de la población afectada por la sentencia del TC, eso debería facilitar la solución humanitaria” que planteó el presidente Danilo Medina, y que hasta ahora no ha concitado apoyo ni siquiera de los funcionarios de su gobierno y de los dirigentes de su partido que casi a unanimidad han adoptado el discurso ultranacionalista, con las excepciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y Rafael Camilo.
Que duerman tranquilos. Mientras tanto, como el inventario publicado por la JCE reduce a una proporción insignificante los nacionales de origen haitiano inscritos en el registro civil dominicano, deberían dormir tranquilos los que durante las últimas décadas entraron en pánico, pretendiendo que un día los vecinos determinarían los presidentes dominicanos.
Para las elecciones de 1994 y 1996 se hizo campaña política sobre los hasta 700 mil haitianos que supuestamente estaban dotados de cédulas y en el padrón electoral. Aunque esa grosera manipulación se redujo tras la muerte en 1998 del doctor José Francisco Pena Gómez, de ascendencia haitiana, ha sido pretexto para que muchos apoyen el despojo de la nacionalidad a los descendientes de haitianos que ya habían sido inscritos y que ahora resulta que son apenas el 0.38 por ciento de la población nacional.
Al deshacerse el mito del peligro haitiano con la nacionalidad, tal vez las autoridades y una opinión pública poco analítica de las reales dimensiones de la inmigración haitiana, puedan concentrarse en limitar y regular el tráfico humano por la frontera, incentivado por quienes hacen fortuna con el desorden y la inmigración masiva que desvalora el masiva que desvalora el trabajo.
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